La última extravagancia de Peinado

Hay un viejo dicho estadounidense sobre la aplicación de las leyes que dice que “la Justicia es lo que el juez comió para desayunar”. ¿Realmente pueden verse afectadas las decisiones de los magistrados por algo tan trivial como las horas de la comida? Una respuesta afirmativa resulta difícil de creer. Sin embargo, un estudio de la Escuela de Negocios de Columbia de hace más de una década demostró que los jueces se inclinan más por sentencias en las que conceden la libertad condicional después de una pausa para el almuerzo que cuando el día se les alarga y no han tenido apenas tiempo para tomar un tentempié.

El experimento, que se publicó en la revista oficial de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU, estudió más de 1.000 decisiones sobre libertad condicional emitidas por ocho jueces durante diez meses y determinó que en el 65% de los casos en los que sus señorías habían comido un sandwich o habían tenido un receso para comer, los acusados fueron puestos en libertad. La tasa de fallos favorables descendía progresivamente a medida que avanzaba el día y regresaba al 65% de decisiones más benévolas después de un pequeño descanso.

Si hubiera que incluir en una de las categorías del anterior estudio al magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta una investigación contra Begoña Gómez desde hace un año y ha llamado a declarar como testigo al ministro Félix Bolaños el próximo 16 de abril, habría que sumarle sin duda a aquellos jueces que no paran para comer.

Sea por el ayuno, por la hora del día o, en su caso como parece, por un sesgo ideológico, todas sus decisiones conducen a una única dirección: endosar a la esposa del presidente del Gobierno al menos los delitos de apropiación indebida, intrusismo profesional, corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Y si por el camino, se le antoja alguno más, también lo hará, pese a que hasta ahora no ha encontrado indicios sólidos de ninguno de ellos y la Audiencia Provincial de Madrid le ha propinado ya serios varapalos por sus métodos de instrucción. 

Ya ha demostrado que si tiene que manipular la declaración de un testigo para imputar a otro, lo hará como hizo con el ex consejero de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes. Y si tiene que retorcer los procedimientos, los retorcerá. Ya lo hizo para proceder a un registro del domicilio del empresario Juan Carlos Barrabés mientras estaba hospitalizado que la Audiencia Provincial de Madrid revocó con posterioridad. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad. Solo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales, así la dignidad, la intimidad, etcétera dentro de los parámetros fijados en la ley”, le reprochó la Audiencia. 

Da igual. Todo en él ya es extravagancia. O animadversión. O una aviesa concepción del ordenamiento jurídico en su totalidad. Lean, lean… Aquí su última providencia para rechazar que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, declare por escrito en la causa que instruye contra la esposa del presidente del Gobierno: 

“Por este Juzgado no existe inconveniente en que se practique la diligencia de declaración del testigo Félix Bolaños García. Siempre y cuando se garantice la facilidad de acceso al vehículo judicial, o por parte del Testigo, y en condición de Ministro de la Presidencia, se facilite a este Juzgado un vehículo del Parque móvil Ministerial, para realizar el correspondiente traslado del Juzgado a la mencionada sede, del Complejo Presidencial, y el regreso a la sede judicial, una vez cumplimentada la diligencia de la toma de declaración, debiendo informarse a este juzgado, en el plazo de cinco días, de la forma en que se prevé que se lleve a efecto de dicha diligencia, en consonancia con lo indicado más arriba”. 

Peinado reclama que La Moncloa ponga a su disposición un chófer de la Presidencia del Gobierno que le traslade al recinto presidencial y le devuelva a su juzgado. Entiende el magistrado que cuando tomó declaración en el mismo sitio al presidente del Gobierno se le hizo esperar demasiado tiempo hasta que los servicios de seguridad hicieron las comprobaciones que dicta el protocolo para cualquier persona ajena al recinto. 

O es arrogancia o es narcisismo. El magistrado tiene a su disposición, como todos los jueces de instrucción y funcionarios adscritos a la plaza de Castilla una flota de coches para incidencias, que fue como se desplazó a La Moncloa cuando hace meses ya tomó declaración a Pedro Sánchez en julio de 2024. Ahora, además de un chófer de Presidencia del Gobierno, pide acceso directo por la puerta grande y sin que nadie le exija identificación previa, después de quejarse del trato que se le dio en su primera visita a La Moncloa. Los servicios de seguridad, a su entender, retuvieron su coche “un tiempo sensiblemente superior al necesario” cuando iba a acceder al complejo, “existiendo un nutrido número de personas expectantes en las inmediaciones de dicho vehículo, con el consiguiente riesgo para la integridad física de los ocupantes del mismo”. 

El juez quiere preguntar a Bolaños por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, a la que también mantiene imputada, tras abrir una nueva línea de investigación por un delito de malversación después de haber interrogado a Álvarez sobre las labores que desempeña para la esposa del presidente del Gobierno. 

Y, aunque el ministro de la Presidencia solicitó que le dejase responder por escrito, como permite la ley a los miembros del Ejecutivo (presidente y demás miembros del Gobierno), la petición le ha sido denegada. Peinado entiende que los hechos sobre los que le va a interrogar no los conoce por razón de su actual cargo de ministro, sino por el de secretario general de la Presidencia, su responsabilidad anterior, y le atribuye por ello una interpretación “errónea” de la ley para evitar que le interpele en persona.

Luego, se enzarza con Bolaños a cuenta de dónde debe realizarse el interrogatorio, después de que el ministro pidiera, por razones de seguridad -que acredita con un informe policial firmado por la directora de Seguridad de la Presidencia del Gobierno-, que fuera en La Moncloa y no en la sede de Justicia, en la calle San Bernardo. Y duda incluso de la veracidad del documento aportado por el ministro, del que dice ha sido elaborado “supuestamente” por el jefe de servicio de la escolta de Bolaños, pero nadie lo suscribe. 

Además de fatuo, el magistrado debe ser corto de vista porque el informe lleva el sello de la Secretaría General de Presidencia y el P.O. (por orden) de la responsable de seguridad del Complejo. “Parece algo, cuando menos extraño, que el titular del Ministerio de Justicia, como notario mayor del Reino, pretenda justificar una petición en un informe carente de firma y, por tanto, sin persona identificada alguna que asuma el contenido de lo que en dicho escrito se refleja. Por lo que poca o ninguna virtualidad puede atribuirse al mismo”, remacha el magistrado. 

Pero los jueces solo imparten justicia y son todos imparciales, ¿verdad?

P.D. Peinado necesita un snack antes de redactar providencias.